Desde hace algunas semanas
los tres principales partidos han anunciado su intención de someter a consulta
popular una serie de planteamientos que son de gran importancia para la vida
pública nacional.
El PRI informó que
consultará con los ciudadanos si deben o no, desaparecer 100 diputados
federales y 32 senadores
“plurinominales”.
El tema es una asignatura
pendiente de la clase política con la ciudadanía. Los diputados y senadores
plurinominales históricamente han sido trofeos de la partidocracia, puesto que
éstos legisladores no fueron electos mediante el voto directo de los electores.
La propuesta priísta es
viable desde la perspectiva política ya que es necesario una transformación
constante de las instituciones atendiendo a los reclamos de una sociedad cada
vez más informada y participativa en temas públicos. Además, lo planteado por
el presidente del PRI, Cesar Camacho Quiroz, se justifica por razones
financieras y organizativas al interior del Congreso de la Unión por los
grandes ahorros que la desaparición de estos diputados y senadores generaría
para el erario público.
Algunos datos muestran que
la eliminación de 100 diputados plurinominales podría generar un ahorro de más
de mil 136 millones de pesos en sueldos y apoyos económicos. Un estudio
divulgado en la prensa nacional señala que “representaría un ahorro extra de
601 millones de pesos, ya que en promedio la secretaría general del recinto
legislativo destina 167 mil 666 pesos mensuales por cada legislador en gastos
conocidos como subvenciones (apoyos) tanto ordinarios como extraordinarios. Las
subvenciones son tomadas del presupuesto anual que los mismos legisladores se
aprueban para cumplir con las obligaciones y compromisos que marca la ley, que
para este 2014 fueron de seis mil 795 millones 524 mil pesos”.
De prosperar la iniciativa
del PRI, la Cámara de Diputados se ahorraría aproximadamente el 20 por ciento
del total del presupuesto que recibe en sueldos y apoyos económicos de quienes
integran ésta asamblea parlamentaria. También habría mayor austeridad en lo
erogado para el pago de asesores, servicio de alimentos, boletos de avión,
primas vacacionales, seguros de gastos médicos mayores, telefonía celular,
pases de casetas en carreteras y vehículos, entre otros gastos.
Ahora bien, resulta también necesario analizar cuáles son
los temas que tanto el PAN como la izquierda buscan abanderar como temas para
la consulta popular el próximo año.
La propuesta panista resulta
por demás electorera y populista debido a que difícilmente algún mexicano se
opondría a que se incremente el salario mínimo.
Un aumento de golpe al
salario mínimo indudablemente generaría una espiral inflacionaria que
incrementaría de forma dramática los precios de la canasta básica y otros
artículos de primera necesidad. Se correría el riesgo que empresas y comercios
despidan a buena parte de su plantilla laboral al no poder costear la nómina y
también se verían afectadas las prestaciones que los trabajadores reciben.
Un referente emblemático de
esto es Venezuela, donde los decretos en materia de salarios mínimos a la alza
propiciaron una economía estancada y dependiente de una sola actividad (la
petrolera), sumida en una inflación incontrolable. Es por ello que el propio
gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ya advirtió las implicaciones
que esto pudiera tener si se hace sin los conocimientos básicos del ciclo
económico y su comportamiento.
En cuanto a la Consulta que
proponen por separado PRD y Morena para echar abajo la reforma energética con
argumentos arcaicos e involutivos que amenazan el futuro próspero y moderno que
las reformas estructurales generarán para el país en el mediano plazo,
argumentando la transgresión de la soberanía y el desmantelamiento de empresas
propiedad de la nación, se antoja
complicado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dé luz verde a un
planteamiento que carece de solidez argumentativa en materia jurídica y de una
visión de avanzada.
Ahora dependerá de los
partidos recolectar al menos un millón 600 mil firmas, entregarlas al Congreso,
luego éstas firmas deberán ser validadas por el Instituto Nacional de
Elecciones (INE) y, finalmente, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará si es constitucional la
materia de la consulta.
Hay que estar atentos para
ver en que terminan éstas iniciativas de Consulta Popular.
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